lunes, 30 de abril de 2012

Represión Antidemocrática (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado en El Plural, por Vicenç Navarro. 30 de abril de 2012.

Este artículo critica las propuestas realizadas por el Ministro de Interior del Gobierno Español y el Conseller de interior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de criminalizar los actos de resistencia pasiva, incluidas las sentadas, señalando que tales medidas estimularán la violencia que en teoría quieren prevenir. En realidad, tales medidas lo que intentan es debilitar e incluso eliminar los movimientos de protesta hacia las políticas públicas que están imponiendo a la población, sin tener un mandato popular para llevarlas a cabo.

Una de las características de la escasa conciencia democrática de las instituciones llamadas representativas en España es la manera como responden a la legítima protesta y agitación social que está ocurriendo frente a las políticas sumamente impopulares impuestas a la población y, muy en especial, a las clases populares. Y digo impuestas, porque ninguna de las políticas llevadas a cabo por los partidos gobernantes en España (y en Catalunya) que están generando tales protestas estuvieron en sus programas electorales.
Un tanto semejante ocurrió durante el gobierno Zapatero anterior, aunque éste no recurrió a la represión que están ahora desarrollando los gobiernos PP y CiU en España (y Catalunya). Según las últimas noticias, el gobierno del Partido Popular está preparando una propuesta legislativa considerando como delito cualquier forma de resistencia, incluyendo la pasiva, tal como una sentada. Estas medidas están orientadas a atemorizar a los colectivos, sean éstos el naciente movimiento 15-M, sea el movimiento sindical, sean los movimientos de protesta frente a los desahucios, o sean lo que fuera, que critican y denuncian las medidas impopulares. Tales delitos serán castigados con penas largas de prisión. Tales medidas son antidemocráticas y reflejan el tic autoritario y represivo de las derechas españolas (y catalanas) herederas del régimen dictatorial anterior en el que era práctica común este tipo de represión.
En realidad, la resistencia pasiva es un comportamiento democrático que ha hecho progresar la propia democracia. Cuando la anciana negra, Rosa Parks, se resistió en EEUU a moverse y desplazarse al asiento posterior del autobús, en un Estado del sur segregacionista, inició un proceso de resistencia pasiva que cambió, para mejor, la calidad de la democracia estadounidense, estableciéndose así el movimiento de los derechos civiles, liderado por Martin Luther King, hoy considerado un héroe nacional en aquel país. Tal movimiento estaba basado en la resistencia pasiva y en la desobediencia civil. Su coherencia, su ejemplaridad, la razón de su causa y su comportamiento no violento, jugaron un papel determinante en conquistar la simpatía y el apoyo popular, forzando así una respuesta y un cambio de enormes proporciones. Y hoy continúan en EEUU, casi en bases diarias, gran número de movilizaciones, basadas en resistencia pasiva, para defender causas que merecen una protesta a instituciones, leyes o comportamientos antidemocráticos que son rechazados por las clases populares. Uno de los últimos casos es el movimiento de los sindicatos, apoyados por amplios sectores de las clases populares que rodearon el Parlamento del Estado de Wisconsin para protestar las leyes del gobernador Scott Walker, perteneciente al Tea Party que, en sus medidas represivas antagonizó a la gran mayoría de la ciudadanía de aquel Estado, hasta tal punto que en un referéndum se está pidiendo la dimisión de tal gobernador. Todos estos movimientos son comportamientos democráticos y parte del proceso de participación popular.
Ni que decir tiene que la ultraderecha estadounidense que controla el Partido Republicano –el Tea Party- quiere criminalizar estos actos, como también ocurre en España. Pero lo que en realidad se intenta con estas prohibiciones es estimular la violencia que desacredite a tales movimientos. La prohibición y criminalización de actos de resistencia pasiva, como sentadas, deja como única alternativa la resistencia activa, lo cual es lo que se intenta al prohibir la resistencia pasiva. Los movimientos de protesta, sin embargo, no deben caer en esta trampa. La violencia es profundamente reaccionaria en este contexto, pues rompe la simpatía popular hacia los movimientos de protesta, como el 15-M. Es la mejor manera de desacreditar el movimiento de protesta. En cualquier movimiento de protesta, ésta gana si cuenta con la simpatía primero, y con el apoyo y complicidad después, de la mayoría de la ciudadanía, hecho que está ocurriendo en España, y del que las derechas son plenamente conscientes, pues lo que desean antes que nada es desacreditar tal movimiento, y para conseguirlo llegarán a extremos que recordarán la dictadura, que también criminalizó tales actos.
Frente a este ataque a los derechos civiles, existe la necesidad, por mera salud democrática, de movilizarse. Muestra de la enorme incoherencia (algunos la llamarán, con razón, hipocresía) de los llamados liberales en España (que se autodefinen como los grandes defensores de los derechos individuales), es que están ahora callados frente a la enorme violación de los derechos civiles de los ciudadanos que representan las propuestas del Ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, y del Conseller de Interior responsable de la policía autonómica catalana, Felip Puig.
Ahora bien, toda la experiencia histórica muestra que fracasarán. Su intento de represión no es la supuesta violencia de los manifestantes, sino las ideas y causas que éstos representan. Indicador de ello es que su propio lenguaje, que define a sus adversarios (“enemigos”) como “anti-sistema” (considerándose a sí mismos como los defensores del sistema democrático) ignora que es el establishment (al cual sirven el Ministro Fernández Díaz y el Conseller Puig) el que está mostrando claramente que no se adhiere a las reglas democráticas, pues impone políticas que no estaban en sus programas electorales. En realidad, son tales manifestantes (paradójicamente llamados anti-sistema) los que están defendiendo a la democracia. Si el intento del establishment fuera el de controlar la violencia, utilizarían, al menos, el término “anti-violentos”. En lugar de ello, hablan de los elementos “anti-sistema” como el enemigo a eliminar. Es un indicador más de su nula conciencia democrática. Hoy, en una situación económica y social intolerable, el ciudadano que no está indignado es que es parte del problema y no de la solución. Y el que no está en la calles es que no tiene conciencia democrática.

domingo, 29 de abril de 2012

Acabar con la universidad pública a base de mentiras (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en Sistema Digital el 26 de abril de 2012

Después de conocer las medidas adoptadas por el gobiernos para “racionalizar” el gasto educativo en la universidad no sé bien qué es peor, el ataque a la universidad pública que suponen o las mentiras que el Ministro y los dirigentes del PP están diciendo para justificarlas.
La universidad española tiene problemas objetivos que son muy bien conocidos porque han sido puestos de manifiesto por muchos estudios empíricos realizados desde todos los enfoques ideológicos.
Sabemos que está mal financiada. No solo porque recibe menos recursos que la media de los países de nuestro entorno y mucho menos que los sistemas universitarios de vanguardia a los que siempre nos comparan (las práctica totalidad de las 100 mejores universidades a las que refiere el Ministro para decir que ninguna española está entre ellas, están en países en donde se invierte en I+D el doble que en España). También lo está porque la financiación que reciben las universidades no se dirige suficientemente bien y porque no hay suficientes mecanismos de evaluación de su impacto, de su equidad, eficacia y rendimiento.
En casi la totalidad de nuestras universidades hay un claro desacople entre demanda y oferta de titulaciones, y por supuesto también a nivel global. Tanto las autoridades académicas como las políticas han asumido el ineficaz e insensato criterio de que una universidad es mejor si dispone de un completo abanico de titulaciones, lo que ha dado lugar a duplicidades muy caras e inútiles y ha dificultado la especialización que hubiera permitido utilizar mucho mejor los recursos.
La universidad española tiene también un problema grande porque no está inserta en un auténtico sistema de enseñanza superior. En la práctica no existe la formación profesional de máximo nivel, o la enseñanza superior solo consagrada a la docencia más orientada a la formación laboral de excelencia, y eso ha masificado también inútilmente los centros universitarios con alumnos y profesores que deberían encontrarse realmente en la enseñanza superior no universitaria. Los intentos de acercar los estudios superiores a las demandas del mercado laboral incidiendo solo en la actividad universitaria sin desarrollar la enseñanza superior no universitaria es una barbaridad porque desnaturalizan a la primera que, por definición, no debe funcionar solo para satisfacer a las demandas de los mercados o las empresas sino, precisamente, para proporcionar la inteligencia colectiva que permita el progreso, que no es otra cosa que el cambio constante de las inercias dominantes.
En gran parte, estos problemas subsisten porque el sistema de control social ideado a través de los consejos sociales no ha funcionado. Y no se puede decir que eso haya ocurrido por culpa de los universitarios. Entre las presidencias y secretarías que ocupan dirigentes de partidos gobernantes que estaban en el dique seco (por cierto con sueldos desorbitados que se deberían hacer públicos) y que son muy poco operativas y las personalidades que los conforman en otros casos sin apenas capacidad ejecutiva sobre el funcionamiento de la universidad, solo se ha conseguido que los consejos se dediquen a dar unos cuantos premios, a ponerle unas algunas trabas sin importancia a los presupuestos para hacerse notar y a muy poco más.
Para proponer soluciones a problemas como estos y a otros más que puedan ponerse sobre la mesa, el Ministerio ha creado una comisión de expertos formada por personas todas ellas de indudable mérito y capacidad y del más alto nivel profesional o académico, pero de una gran homogeneidad ideológica. Es fácil prever que si se dejan fuera del análisis y de la posibilidad de hacer propuestas a quienes representan sensibilidades y preferencias diferentes y que responden también a los intereses de una buena parte de la población, las conclusiones a las que se llegue estarán sesgadas y nunca responderán a las necesidades del conjunto de la sociedad.
En cualquier caso, el gobierno no ha esperado a disponer de propuestas para dar el hachazo y ha adoptado medidas que llama de racionalización pero que simplemente representan un ataque sin precedentes a la universidad pública española.
Ha modificado la dedicación docente del profesorado en virtud de un supuesto criterio de dedicación a la investigación que no lo es y que lo que va a conseguir es un doble efecto perverso: que sea todavía más difícil que los profesores compaginen la docencia y la investigación y que se puedan atender con eficacia las nuevas necesidades que plantea el sistema de Bolonia que así va a perder lo único bueno que podía haber traído consigo. Paralelamente el Ministerio ha dado un tajo brutal en los Presupuestos Generales del Estado a los recursos destinados a financiar la investigación, lo que se va a traducir en docenas de proyectos paralizados, en mucha menos movilidad y en una menor presencia de los investigadores españoles en la vanguardia de la ciencia internacional. Y la disminución en el número y variedad de becas va a impedir que los mejores talentos se dediquen a la actividad investigadora si no disponen de recursos propios. Más o menos lo que va a ocurrir si la subida de tasas no se hace racionalmente,  con mayores criterios de equidad y con más becas o sistemas alternativos de financiación de las matrículas.
Y, como decía al principio, el Ministerio ha tomado estas medidas difundiendo una serie de datos erróneos, que realmente entran en la categoría de mentiras cuando se repiten conscientemente, y que solo se orientan a desprestigiar a la universidad pública española con el fin de justificar el daño que se le hace. El Ministro Wert ha hecho referencia, por ejemplo, a que en España hay un excesivo número de universidades, cuando lo cierto es que hay menos por habitante que en los países que están en la vanguardia del conocimiento (en España hay casi el doble de alumnos por universidad pública que en el Reino Unido y casi seis veces más que en Estados Unidos; y prácticamente la mitad de universidades de las que hay en California, en donde se inventó que había solo 10); ha hecho mención erróneamente a los datos de abandono de estudios (confundiendo la salida de la universidad con el cambio de titulación) y ha exagerado sin fundamento el supuesto coste de ello; utiliza los datos de desempleo de universitarios para afirmar la ineficacia de las universidades públicas pero no los compara con la tasa de paro general; y no tiene en cuenta que otros indicadores de eficacia y rendimiento académico muestran que la universidad pública española prácticamente está a la altura de las demás de nuestro entorno aunque dispone de muchos menos recursos para la docencia y la investigación o cuando gastamos la tercera parte en becas (Ver José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros en Reforma universitaria: preguntas erróneas, respuestas incorrectas. El País, 16 de abril de 2012).
No puede ser casualidad que se estén difundiendo tantos datos falsos y opiniones negativas sobre la universidad española justo cuando, en lugar de abordar los problemas que tiene de verdad, se adoptan recortes que son los que realmente van a impedir que cumpla con eficacia sus funciones. Yo creo que no es ni mucho menos casualidad, porque desde hace tiempo sabemos que lo que está haciendo el Partido Popular en política universitaria y educativa en general es lo que mismo que hace en el conjunto de los servicios públicos: disminuir sus recursos, dejar así que empeore su gestión y funcionamiento y propiciar de esa manera que se vaya consolidando la provisión privada.
Si lo dijeran claro, al menos podríamos pensar que quienes lo están haciendo son políticos transparentes y honrados.

POTAJE DE LA ABUELA - THERMOMIX -

Hoy para comer y con este tiempo de lluvia y frío, apetecen estos platos Potaje de la abuela - La Juani de Ana Sevilla - ¡está muy rico! ¡a Juanma le ha gustado mucho! así que se puede repetir, jejeje!
Anina

sábado, 28 de abril de 2012

PECHUGAS DE POLLO A LA REINA - THERMOMIX -



A mi me han gustado, son muy suavecitas, ¡parecen de dieta! ¡y eso a mi no me viene mal! jajaja. Sin embargo a Juanma no le han gustado nada, dice que son muy sosas, que no saben a nada, ya sabéis, para gusto las distintas recetas! jejeje.
Anina

viernes, 27 de abril de 2012

El falso problema de la deuda pública. El caso de EEUU (y de España) (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 27 de abril de 2012

Este artículo señala que la llamada “crisis de la deuda pública” es una situación creada sobre todo por el capital financiero (entre los que destaca la banca y las compañías de seguros, así como las hedge funds) a fin de  privatizar la Seguridad Social y el Estado del bienestar. El artículo se centra en la situación de la deuda pública estadounidense, señalando su relevancia al caso español.

No existe plena conciencia en muchos círculos progresistas de que el llamado “problema de la deuda pública” es un fenómeno creado artificialmente para justificar el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Un caso claro, entre otros muchos, es el debate existente en EEUU sobre tal deuda. En un intento de reducir el Estado del Bienestar, las fuerzas conservadoras y neoliberales (las derechas) están promoviendo la percepción de que la deuda pública del Estado federal es insostenible, requiriéndose recortes muy sustanciales del gasto público, y muy en particular del gasto público social, incluyendo el de la Seguridad Social y el de los servicios públicos del Estado del Bienestar (con especial énfasis en los programas federales de asistencia sanitaria a los ancianos, ‘Medicare’, y a las personas en situación de extrema pobreza, ‘Medicaid’, programa, éste último, que se cofinancia con los Estados para cubrir a las personas llamadas “médicamente indigentes”, término que se utiliza para definir a aquellas personas que no pueden pagar sus facturas médicas. En la promoción de tal postura, los medios de difusión de la derecha (como el ‘The Wall Street Journal’) publican artículos e informes que son citados también por los corresponsales españoles en EEUU sin ninguna crítica, contribuyendo a la difusión de tal percepción. Entre ellos destaca Antonio Caño, el corresponsal de ‘El País’ en Washington.
El problema con tales reportajes es su nula credibilidad científica. Veamos los datos. La deuda pública federal creció en los últimos diez años (del 2000 al 2010) 9,2 billones de dólares. Este crecimiento ha sido causado por los siguientes gastos: 1) el 34,2% de este crecimiento (3,15 billones) nace del recorte de impuestos aprobado por el presidente Bush, que ha beneficiado primordialmente a las grandes fortunas; 2) el 22,9% (2,1 billones) del crecimiento del gasto militar, consecuencia de las guerras de Irak y Afganistán; y 3) el 9,8% (0,9 billones) de la ayuda directa (subsidios públicos) a la banca (y que no incluye los préstamos a Wall Street, 9 billones que no se contabilizan al presupuesto del Estado, pues se consideran –erróneamente- como préstamos). En total, la gran mayoría del crecimiento de la deuda pública (el 67%) se debe a medidas de apoyo al complejo militar industrial, a la banca y a las rentas superiores. Sin embargo, ninguna de las medidas encaminadas a reducir la deuda pública está orientada a cambiar estas políticas. En su lugar, se intenta reducir el gasto público social, concretamente la Seguridad Social y los servicios sanitarios, y ello a pesar de que la Seguridad Social (las pensiones principalmente) no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública. Todo lo contrario, la Seguridad Social (que no se contabiliza en el presupuesto federal) ha estado en superávit en los últimos veinticinco años (alcanzando los 2,4 trillones de dólares), calculándose que producirá un trillón de dólares más en el superávit de los próximos diez años (en este artículo se utiliza “trillones” y “billones” según la terminología estadounidense). En realidad, las estimaciones más creíbles, por su rigor, son las producidas por los propios expertos de la Seguridad Social que señalan que la Seguridad Social estadounidense no tiene ningún problema de solvencia durante los próximos 50 años. La Seguridad Social no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública, al contrario. Sus intereses han estado financiando la deuda pública. El argumento de que hay que reducir las pensiones a fin de salvar la deuda pública, que hace ‘The Wall Street Journal’, y que reproduce Antonio Caño en ‘El País’, es insostenible y muestra una ignorancia o malicia que pertenece a la esfera de creencias dogmáticas neoliberales impermeables a la luz de los datos.
En cuanto a los servicios públicos sanitarios, ellos han contribuido en un porcentaje muy menor (1,9%) al crecimiento de la deuda pública. En realidad, el capítulo más importante que ha contribuido al crecimiento de tal déficit ha sido el capítulo ‘D’ de ‘Medicare’, es decir, el gasto farmacéutico, consecuencia de la medida adoptada por el presidente Bush jr., que prohibió (sí, sí, prohibió) al Gobierno federal marcar el precio de los productos farmacéuticos comprados por tal gobierno, permitiendo que fuera la propia industria farmacéutica la que definiera tales precios. El capítulo de farmacia, que se contabiliza aparte, fue el que representó un porcentaje mayor, 4,8% (450 millones), resultado del gran poder de la industria farmacéutica, que recogió amplios beneficios, conllevando este incremento.
Un 2,7% (255 millones) del aumento se debió a la bajada de impestos, resultado del crecimiento del desempleo. Un 2,9% (270 millones) fue resultado del crecimiento del pago de los intereses de la deuda.
El estímulo económico, iniciado por el presidente Bush y expandido notablemente por el presidente Obama, representó el 20,6% del crecimiento de la deuda pública (1.896 millones). Este estímulo consistió en rebajas de impuestos (durante el mandado del presidente Bush), a los cuales el presidente Obama añadió inversiones públicas en creación de empleo, medida más estimulante del crecimiento económico que la reducción de impuestos, y que frenó la Recesión que iba en camino de convertirse en Depresión.
El segundo error que hace la derecha estadounidense y que reproduce la derecha española, es considerar el tamaño de la deuda pública (como porcentaje del PIB) como el indicador de su gravedad, es decir, de su impacto negativo en la economía. Este error es fácilmente demostrable, cuando se observa que los intereses de la deuda pública en EEUU son los más bajos de los existentes hoy en el mundo desarrollado. Si los bonos públicos se percibieran como arriesgados e inseguros, como ocurre en España (que tiene una deuda pública mucho más baja que el promedio de la UE-15 y de EEUU), sus intereses serían elevadísimos. Y en cambio son bajísimos y, a pesar de ello, los mercados financieros los valoran muy positivamente (ignorando las valoraciones negativas que hacen de ella las agencias de rating). ¿Cuál es, pues, el problema con la deuda pública en EEUU? En realidad, ninguno. Lo que ocurre es que la derecha (tanto en EEUU como en España) está utilizando todo tipo de argumentos, errores y falsedades para cargarse al Estado del Bienestar.
Una situación semejante ocurre en España. La deuda pública española es más baja que la del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante desarrollo económico al español, e incluso más bajo que la deuda pública alemana. Los elevadísimos intereses del Estado español (que incluye tanto el Estado central como el autonómico y municipal) no tienen nada que ver, repito, nada que ver, con el tamaño de la deuda pública. Ni tampoco mucho que ver con la manoseada “confianza de los mercados”. Tiene que ver primordialmente con decisiones políticas, entre las cuales una de las más importantes es la negativa del Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un ‘lobby’ de la banca, y muy en especial de la banca alemana) a comprar deuda pública española, exigiendo al Estado español que desmantele su Estado del Bienestar como condición de que el Banco Central compre tal deuda pública. Es un chantaje vergonzoso que se utiliza por la derecha española (y europea) para conseguir lo que siempre han deseado. El llamado “problema de la deuda pública” es un problema artificial, es decir, creado por voluntad política (de sensibilidad neoliberal) a fin de desmantelar las conquistas sociales de las clases populares. Así de claro.

jueves, 26 de abril de 2012

El ocaso del neoliberalismo en América Latina: El caso de Argentina

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 26 de abril de 2012

Este artículo muestra que ha habido en la mayoría de países de América Latina, una ruptura con el neoliberalismo, que no se ha dado todavía en la Unión Europea, ruptura que ha beneficiado el bienestar y calidad de vida de las clases populares. El artículo analiza la situación en Argentina, incluyendo la ruptura de la paridad peso-dólar y la nacionalización de la industria petrolífera, como muestra de ello.

El pensamiento neoliberal y la aplicación de sus políticas han dañado durante muchos años el bienestar y calidad de vida de las clases populares de los países de la Unión Europea, incluyendo España. La desregulación de los mercados laborales y de los mercados financieros, la privatización de los sectores claves de la economía, la reducción del gasto público, incluyendo el gasto público social, y la dilución de la protección social han sido las constantes en las políticas promovidas en la Unión Europea por el Banco Central Europeo, por la Comisión Europea, por el Consejo Europeo, y al otro lado del Atlántico por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Tal pensamiento también dominó América Latina durante muchos años cuando, país tras país, se vio la imposición de tales políticas que causaron un gran malestar y agitación social entre sus clases populares, lo cual explica las represiones que los gobiernos de aquel continente tuvieron que realizar para imponerlas. El caso de Chile bajo el General Pinochet fue el caso más extremo, pero no fue el único. Toda una retahíla de gobiernos, algunos dictatoriales, otros escasamente democráticos, de cariz autoritario, impusieron tales políticas a un coste humano y económico elevadísimo. El Center for Economic and Policy Research (CEPR) de Washington ha comparado indicadores económicos y sociales de América Latina antes y después de aquella época y la comparación es claramente negativa para la época neoliberal (caracterizada por un menor protagonismo del Estado), y no sólo en relación a su crecimiento económico, sino también en el crecimiento del Estado del Bienestar y de la protección social. (ver Navarro, V. Los “malos” gobiernos populistas latinoamericanos, 20 de enero de 2012 en www.vnavarro.org).
Ahora bien, aunque estas políticas neoliberales continúan siendo las dominantes en la Unión Europea, no es así en América Latina donde, con la excepción de Colombia (el país del mundo que tiene mayor número de asesinatos de sindicalistas) y algún otro país, pocos, tales políticas han dejado de dominar sus vidas económicas y sociales. Una de las primeras rupturas con el neoliberalismo fue el gobierno de Argentina que, en 2001, rompió la paridad que la moneda argentina tenía con el dólar. Aunque Argentina tenía moneda propia, el peso, en la práctica la fijación de tal moneda con el dólar estadounidense implicaba que no tenía potestad para cambiar su valor, perdiendo con ello uno de los instrumentos más importantes para estimular la economía, mediante la devaluación de la moneda. Tal fijación peso-dólar había conducido a Argentina (durante el periodo 1998-2001) a tener la mayor recesión conocida en su historia. Fue en aquel periodo, durante los gobiernos del neoliberal y corrupto Menem y de Fernando de la Rúa, cuando el Ministro de Economía argentino indicó con toda franqueza que el éxito de su política económica dependería más del Ministerio del Interior (encargado de la Represión) que del de Economía. Pero la ciudadanía no aguantó. El resultado fue que el gobierno Argentino rompió la paridad de su moneda con el dólar, desoyendo así la voz del Fondo Monetario Internacional, que había condicionado su “ayuda” a tal fijación del peso argentino al dólar. Lo que Argentina hizo sería comparable a que España dejara el euro.
Como era de esperar, la reacción unánime del FMI, del Banco Mundial, de los establishments europeos y del gobierno federal de EEUU, fue de condena, señalando que tal medida sería un desastre para Argentina. La devaluación de la moneda significaría, según tales establishments, que el valor de la deuda pública argentina sería menor, pagándose a los acreedores menos de lo que estos esperaban. De ahí que concluyeran que a Argentina le sería imposible pedir dinero prestado de los mercados financieros, colapsando con ello su economía. Pues bien, todos aquellos establishments erraron en sus pronósticos. A partir de entonces, Argentina creció enormemente (fue el país que creció más rápidamente en Latinoamérica), reduciendo la pobreza, incluyendo la pobreza extrema y aumentando tres veces su gasto público social durante el periodo 2001-2010. No sorprendentemente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner –odiada por los neoliberales- fue reelegida en las últimas elecciones legislativas por un 54% de votos.

La nacionalización de la compañía petrolera argentina

Pero este proceso de ruptura con el neoliberalismo en Argentina ha continuado con la nacionalización de la compañía petrolera YPF, la cual había sido privatizada durante el periodo neoliberal del gobierno Menem, cuando Repsol, la compañía petrolífera española, pasó a tener el 57% de sus acciones. Con tal nacionalización, el gobierno argentino pasará a tener el 52%, controlando tal compañía. Como era de esperar, el gobierno de España, las élites que dirigen la Unión Europea y el FMI, los paladines del neoliberalismo, han condenado tal medida, augurando un desastre para Argentina. Una voz histriónica en este sentido ha sido predeciblemente la del Sr. Xavier Sala i Martín, “Repsol és només el principi” (“Repsol es sólo el principio”), La Vanguardia (23.04.12). El argumento que utilizan es que Argentina no encontrará instituciones que le presten dinero ni experiencia técnica para expandir la producción del petróleo en aquel país. Lo mismo se dijo, por cierto, cuando el presidente Hugo Chávez nacionalizó una serie de compañías extranjeras (cemento, acero y otros sectores), incluyendo algunas de EEUU; y cuando el presidente Morales de Bolivia nacionalizó las compañías del petróleo y producción de gas, telecomunicaciones y electricidad; y cuando el presidente Rafael Correa del Ecuador, nacionalizó las compañías de distribución del plátano. Pues bien, ninguno de los vaticinios de desastre se ha cumplido. Uno de los vaticinadores fue Moisés Naím, colaborador de El País y que fue en su día miembro del equipo económico del presidente Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, que promovió el neoliberalismo en aquel país, y que ahora concluye que tales medidas en Argentina llevarán a la ruina del país (“Cristina, Petróleo y Psicoanálisis”, El País. 21.04.12). Según Moisés Naím, que considera Colombia como el modelo a seguir para América Latina, la nacionalización caracteriza a los países con economías mediocres. Una postura casi idéntica aparece en el citado artículo de Sala i Martín. Moisés Naím y Sala i Martín, para llegar a sus conclusiones, deliberadamente ignoran algunos hechos. La gran mayoría de países productores de petróleo tienen empresas públicas (no empresas privadas) que controlan la producción de tal material, Rusia, Noruega, Venezuela, Méjico, Gran Bretaña y Arabia Saudí, entre otros, tienen nacionalizadas sus compañías energéticas. En realidad, Argentina era de las pocas excepciones. Referente a la intrínseca ineficacia que Sala i Martín atribuye a las empresas nacionalizadas, baste ver el éxito de Noruega, donde la empresa pública petrolífera ha garantizado el nivel de vida y calidad de vida de aquel país.
En cuanto a la falta de inversión extranjera, hay que atenuar, tal como acentúa Mark Weisbrot, co-director del CEPR-este fetichismo acerca de la inversión extranjera. Uno de los países con mayor crecimiento en el mundo del subdesarrollo, Corea del Sur, lo hizo sin apenas tener inversión extranjera. El otro hecho, ignorado por los economistas neoliberales, es que la producción de petróleo en Argentina había bajado, creando un grave problema del 2004 al 2011; la producción del petróleo descendió un 20% debido en parte a la escasa inversión por parte de Repsol. Consecuencia de ello es que Argentina en 2011 tuvo que importar petróleo por primera vez en su pasado reciente. De ahí que el gobierno Kirchner decidiera cambiar la situación y tomar control de la compañía petrolífera.
Una última observación. El gobierno Rajoy está intentando movilizar los sentimientos patrióticos acusando al gobierno argentino de atacar a España. El error en este argumento es que la mayoría del capital de Repsol no es español. En realidad, la única vez que fue español fue cuando estaba nacionalizado. Fue cuando el gobierno del PP lo privatizó cuando perdió su nacionalidad española. Intentar movilizarse para defenderla es ignorar quién es hoy Repsol, una compañía (como Endesa, otra empresa privatizada por el PP) que se caracteriza por su insensibilidad hacia el usuario español. Como siempre hacen los nacionalistas, el PP está manejando la bandera para defender, no los intereses generales, sino los muy particulares En realidad, la nula sensibilidad patriótica de Repsol se expresa en una de las empresas del IBEX 35 que utiliza más los paraísos fiscales, a fin de evitar pagar impuestos al Estado español, como bien ha señalado Juan Torres en su artículo “¿Argentina es quién perjudica a España?” ¡De patriota, Repsol, nada!

martes, 24 de abril de 2012

¿Argentina es quien perjudica a España? (JUAN TORRES LÓPEZ)

En un artículo anterior (Repsol no es España) escribía en este mismo diario que el intento de confundir los intereses de la multinacional con los del conjunto de los españoles es un ardid demasiado forzado. Hubiera dejado ya el tema si no fuera porque los dirigentes del Partido Popular se empeñan en utilizar el contencioso entre el gobierno argentino y Repsol como un velo que oculta los verdaderos problemas y enemigos que tenemos los españoles.
El  Ministro de Asuntos Exteriores ha afirmado que la decisión argentina perjudica a nuestros intereses y a los del conjunto de las empresas españolas. Una afirmación que me parece igualmente desenfocada y que busca encontrar enemigos donde yo creo que no están los de verdad.
Vaya por delante que no me pronuncio sobre la conveniencia o no de que el gobierno argentino defienda sus intereses nacionales nacionalizando YPF. Y que entiendo que los propietarios de esta última traten de sufrir el menor quebranto económico posible. Pero eso es una cosa y otra que todo un gobierno se equivoque a la hora de determinar quiénes son los enemigos que verdaderamente perjudican nuestros intereses con tal de ayudar a los propietarios de la multinacional, que no somos precisamente todos los españoles.
Por eso me parece que no estaría de más que el gobierno se planteara y respondiese con sinceridad ante la opinión pública a algunas preguntas elementales.
¿Quién perjudica a España y a sus empresas? ¿Argentina, o los tratados europeos que impiden que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos, lo que ha ocasionado que solo en 2008, 2009 y 2010 España haya tenido que soportar una deuda ilegítima de 120.842 millones de euros?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los especuladores financieros, las agencias de calificación y los banqueros que manipulan los mercados para alterar artificialmente el precio de la deuda y obtener pingües beneficios?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los grandes poderes europeos, encabezados por su cómplice principal, el gobierno alemán de la Señora Merkel, que se empeña en imponer a toda Europa políticas que inevitablemente nos llevan a la depresión económica?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o las grandes fortunas y grandes empresas cuyo fraude a la hacienda española supuso 42.711 millones de euros en 2010?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o las empresas que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos y no cumplir con todas sus obligaciones fiscales en España, como Repsol, que es la empresa del IBEX-35 que mantiene más sociedades ubicadas en paraísos fiscales.
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que no luchan decididamente contra el fraude fiscal y hacen que España sea el país europeo que menos gasta en perseguirlo?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que aprueban amnistías fiscales para legalizar el comportamiento de los defraudadores?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los bancos que para obtener beneficios extraordinarios dando crédito financian burbujas inmobiliarias insostenibles y que influyen en los gobiernos para imponer políticas económicas que endeuden a las familias y a las pequeñas y medianas empresas?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los bancos españoles que reciben del Banco Central Europeo todo el dinero que pidan al 1% y sin embargo obligan a miles de pequeñas y medianas empresas a financiarse mediante tarjetas de crédito a más del 29% de interés porque no les dan otro tipo de financiación?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que indultan a banqueros delincuentes y a políticos corruptos que roban el dinero público, mientras hacen que las leyes caigan con todo su peso sobre los trabajadores y pequeños empresarios que cumplen con sus obligaciones?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los ministros que imponen recortes en servicios sociales básicos recurriendo a mentiras y datos falsos para justificarlos, como viene haciendo particularmente el de Educación y Cultura?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que permiten que las compañías eléctricas estafen a las familias y empresas españolas inventándose ellas mismas el déficit de tarifa o mediante engaños como el de los costes de transición a la competencia o los relativos a los contadores de la luz, haciendo que nuestra factura eléctrica sea la tercera más cara de Europa solo para que ganen más que en ningún otro país?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que no hacen frente con dignidad a las imposiciones que llevan a nuestra economía a la depresión, reducen a mínimos la inversión fundamental en materias como investigación, educación y formación, o apoyo a las empresas que crean empleo para subsidiar a bancos y grandes corporaciones?
¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina. o los gobiernos que privatizan empresas públicas a bajo precio para dárselas a sus amiguetes?
Deberíamos obligar a que los gobiernos hablaran claro y se dejaran de tanto engaño y de tanta demagogia.

Lo que está en juego (VICENÇ NAVARRO)

Prólogo escrito por Vicenç Navarro titulado “Lo que está en juego” en el libro “La sanidad (y nuestra salud) está en venta”, escrito por Joan Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde, febrero de 2012.

La Segunda Guerra Mundial fue una guerra contra el nazismo y el fascismo llevada a cabo por una alianza mundial de fuerzas progresistas con el objetivo de alcanzar un mundo mejor. El enorme sacrificio que significó la guerra, sobre todo para las clases populares de los países participantes en el conflicto bélico, se hizo con la esperanza de que con la derrota del nazismo y el fascismo en cada país se construyera una sociedad capaz de alcanzar las expectativas de las generaciones presentes y futuras. Parte de estas expectativas fue el desarrollo de un diseño internacional, que incluyera una sociedad de naciones llamada Naciones Unidas, orientada a desarrollar y garantizar los derechos humanos en cada país, entre los cuales destacaba el derecho a la salud. Ese fue el momento en que la salud se definió no sólo cómo la ausencia de enfermedad, sino también como buena calidad de vida y como el bienestar social de las personas y las comunidades. Para todo ello hacía falta desarrollar al máximo el potencial humano en todas sus dimensiones, no sólo biológicas, psicológicas y emotivas, sino también las sociales. Esta concepción de lo que es la salud, ha sido el banderín de enganche de todas las fuerzas que han luchado durante los siglos XX y XXI por una sociedad que permita y facilite el logro de ese derecho humano. Ello explica que la gran mayoría de Constituciones actuales hayan incorporado ese derecho entre los más importantes en su compilación de derechos, siendo una función de los Estados respetarlo, apoyarlo y  desarrollarlo. Así consta, por ejemplo, en el artículo 43 de la Constitución Española, que claramente reconoce “el derecho a la protección de la salud (…) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.
Hoy es importante reafirmar de nuevo ese derecho, en un momento en que muchos representantes políticos parecen poner en cuestión tal derecho. Recientemente, nada menos que el Conseller de Salut del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, ha indicado que la salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado, una postura que entra claramente en contradicción con la Constitución Española y con el Estatut d’Autonomia de Catalunya (aprobado en referéndum por la población catalana, el Parlament de Catalunya y las Cortes Españolas), donde consta claramente que el Estado y la Generalitat de Catalunya tienen que garantizar tal derecho. Que la máxima autoridad sanitaria catalana niegue o cuestione ese derecho, transformándolo en una mera prerrogativa individual, personal y privada es extremadamente regresivo. Es probable que en España ésta no sea una voz aislada, pues en la actualidad muchos otros personajes con responsabilidad pública actúan acorde con esa visión privatizadora y mercantil de la salud y de la sanidad que nos retrotrae al siglo XIX o inicios del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, que echa por los suelos el derecho adquirido reflejado en la Constitución y el Estatut. Derechos, por cierto, que fueron refrendados en la Ley General de Sanidad y en la recientemente aprobada Ley de Salud Pública catalana.
El libro del cual forma parte este prólogo documenta ampliamente las consecuencias que la privatización y la mercantilización tienen en la sanidad, la salud y la equidad. Con el detalle y rigor que caracterizan los bien conocidos trabajos de investigación de sus autores, el libro va desmontando pieza a pieza el enorme entramado ideológico, tecnocrático y político construido -con la inestimable ayuda de las cajas de resonancia proveídas por los grandes medios de comunicación- para justificar la venta de la sanidad pública y la progresiva eliminación del derecho a la salud.
Otro aspecto relacionado con el punto anterior y también muy preocupante es la aseveración del Conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, de que la salud de la ciudadanía depende de su genética, los antecedentes familiares y hábitos personales. Este libro muestra el enorme error planteado por esa sesgada postura ideológica que, por cierto, está ampliamente aceptada por grandes sectores de los establishments conservadores. Si bien esos factores influyen en la salud de la población, su valor explicativo es menor frente a otras variables y factores sociales y políticos de mucha mayor importancia pero que raramente aparecen en los medios de mayor difusión. La literatura científica, bien analizada y resumida en este libro, es contundente. El componente genético juega un papel menor en explicar el nivel de salud de la población. Mayor importancia tienen los comportamientos dietéticos, el ejercicio físico y otros “estilos de vida” relacionados con hábitos que reflejan conductas de las personas. Pero incluso estos factores tienen menos importancia que lo que la OMS denomina Determinantes Sociales de Salud, otro tema central del texto. Tal término incluye la acumulación de factores sociales como el desempleo, la precariedad laboral, la contaminación ambiental, la disponibilidad de vivienda digna, la inseguridad alimentaria y el limitado acceso a una alimentación adecuada, las facilidades educativas, las desigualdades de renta y propiedad, la escasa posibilidad de participación y expresión democrática, entre otros. El hecho de que un ciudadano de Pedralbes en Barcelona (uno de los barrios más pudientes de la ciudad), viva 10 años más como promedio que un ciudadano de Nou Barris (un barrio de clase trabajadora no cualificada), no se debe, como parece creer el Conseller Boi Ruiz, a que tengan estructuras genéticas distintas o comportamientos personales diferentes, sino al contexto económico, político y social que configura su desigual nivel de salud y calidad de vida.
Por otra parte, el texto identifica y plantea con nitidez otro tema esencial: la gran importancia de la atención sanitaria pública como determinante de la salud y la equidad. Esa atención sanitaria pública, fruto de largas luchas sociales, está hoy fuertemente cuestionada y atacada por fuerzas económicas y políticas muy conservadoras que, como el libro señala con precisión, utilizan estrategias como la difusión de la ideología biomédica de la salud, “culpabilizar” a los enfermos de abusar del sistema sanitario o no cuidar su salud, difundir el sistema privado de lucro, la supuesta mayor “eficiencia” de la gestión privada por encima de la pública, la necesidad de “racionalizar” un sistema público debilitándolo e instaurando copagos y mecanismos de gestión privados que supuestamente harán que el sistema público sea “más eficiente y sostenible.” Los datos y argumentos que presentan los autores (investigadores de gran prestigio y reconocimiento internacional, dos de los cuales han sido los únicos miembros catalanes y españoles que participaron en la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS) son robustos y deben ayudar a que toda la sociedad realice una profunda reflexión sobre estos temas forzando a que las autoridades públicas mantengan y amplíen el derecho a la sanidad y la salud de la población catalana y española, tal y como apoya el 87% de la población según las encuestas.
En un importante capítulo final, el libro apunta también a que la “solución” de esa preocupante situación no es técnica sino política, y que los retos son muy importantes. Destaquemos tres: cambiar el lenguaje y la conciencia personal y colectiva sobre la salud y sus causas mostrando un modelo de salud público alternativo al discurso neoliberal dominante que tenga en cuenta los determinantes sociales; hacer alianzas entre los movimientos sociales y las fuerzas populares con los profesionales, investigadores, expertos y académicos que trabajan en favor de la sanidad pública y la equidad; y reconstruir luchas democráticas, participativas y unitarias que frenen la privatización de la sanidad pública defendiendo su universalidad, equidad y calidad.
La población debe ser consciente de lo que está en juego: un derecho esencial como la sanidad pública y la salud que, fruto de largas luchas populares, está reconocido en los documentos legislativos. Si la información es poder, el conocimiento incluido en este libro constituye un recurso muy valioso que ha de permitir concienciar y dar más poder a la ciudadanía para defender un derecho hoy seriamente amenazado.

Barcelona, 13 de febrero de 2012

La crisis de las instituciones del establishment español (VICENÇ NAVARRO)

Este artículo señala la creciente distancia existente entre la sabiduría convencional de los establishments económicos, financieros y políticos españoles, reproducida y promovida en los medios de mayor difusión del país, y la opinión popular expresada en encuestas, entre otros medios. Tal distancia refleja una concienciación creciente por parte de la mayoría de la ciudadanía española de la escasa capacidad de respuesta del establishment político a sus necesidades, percibiendo a tal establishment como un mero portavoz del poder económico y financiero nacional e internacional. Esto determina el desarrollo de una cultura y unos circuitos de información distintos y alternativos de los identificados con tales establishments, habiéndose creado una opinión popular distinta, y en ocasiones opuesta, a la que aquellos establishments intentan imponer con sus medios afines.
 
Nunca antes, durante el periodo democrático, habíamos visto una mayor distancia entre la opinión dominante de los establishments políticos, económicos y financieros del país (reproducida en la sabiduría convencional promovida por los medios de mayor difusión, bien radiotelevisivos, bien escritos –los grandes rotativos-) y la existente entre la gran mayoría de la población. Esta distancia está creando un enorme problema de legitimidad para las instituciones políticas representativas, pues la mayoría de la ciudadanía considera que las políticas llevadas a cabo por tales instituciones no responden a sus intereses, expresando, por lo tanto, su desacuerdo. Así, según la última encuesta Metroscopia para El País, la gran mayoría (el 73%) rechaza la reducción de las prestaciones sanitarias, incluyendo los recortes de gasto sanitario (este porcentaje incluye también el 58% de los votantes del partido gobernante, el PP). Otras encuestas señalan también la oposición a los recortes de las transferencias y otros servicios públicos del Estado del Bienestar, así como a elementos importantes de la reforma laboral, incluyendo la facilidad del despido y el sesgo pro empresarial de la reforma. También muestran animosidad hacia la política de desahucios llevados a cabo por la banca. En cada una de estas políticas públicas la opinión de la sabiduría convencional del establishment político y mediático ha sido favorable a su implementación y desarrollo, contrastando tal actitud con la actividad claramente desfavorable hacia ellas por parte de la mayoría de la población. En realidad, este contraste alcanza niveles sorprendentes cuando la mayoría de la población (con mayorías incluso entre los votantes del PP) apoya medidas como el establecimiento de bancas públicas (el 52% de la población está a favor mucho o bastante, contra el 27% que está poco o nada a favor. Entre los votantes del PP -según la última encuesta Metroscopia para El País-, el 46% está a favor y el 31% en contra -), que casi nunca se han discutido ni en los mayores medios de difusión ni en los forums de mayor incidencia en las instituciones representativas, como en las Cortes Españolas.
Todos estos datos señalan la existencia de circuitos alternativos a los del establishment político y mediático, que contribuyen a desmitificar la sabiduría convencional promovida por tales establishments. Tales circuitos presentan alternativas que apenas se han discutido en aquellos forums del establishment. Aparecen así dos Españas: una, la España del establishment que está perdiendo credibilidad y legitimidad, y otra España alternativa, todavía poco configurada, que se moviliza en protesta, en la que los movimientos sociales –como el 15-M- y los sindicatos juegan un papel clave. Estos movimientos son frecuentemente presentados maliciosamente por los órganos del establishment como anti-sistema o anti-sociedad, asumiendo erróneamente que ellos mismos –los establishments- son los que representan a la sociedad, identificando sistema económico y sociedad como conceptos idénticos. En realidad, es el establishment el que está desacreditando y deslegitimando la democracia española, pues su comportamiento, imponiendo unas políticas públicas que no estaban presentes en los programas electorales de los partidos gobernantes, está destruyendo la legitimidad de tales instituciones. De ahí que sean los movimientos sociales y los sindicatos los que son movimientos auténticamente prodemocráticas que desean terminar con la instrumentalización de las instituciones democráticas (que los sindicatos y movimientos sociales, de hecho, jugaron un papel clave en su establecimiento) actualmente subordinadas a los intereses financieros y económicos a los cuales nadie ha elegido. Es el establishment el que es antidemocrático y anti-sistema, habiendo usurpado un poder que no les corresponde. No es de extrañar que la figura del gobierno PP más identificada con tales políticas, el Sr. Luis de Guindos, ministro de economía, sea el ministro peor valorado del gobierno ¿Con qué legitimidad democrática puede el Sr. Luis de Guindos ir proponiendo e implementando políticas tan impopulares que no fueron aprobadas en ningún comicio electoral y que gozan de tan poca confianza entre la población?
Ni que decir tiene que el establishment es plenamente consciente de sus enormes vulnerabilidades y de ahí su deseo de atemorizar a la población con la reducción de libertades civiles y políticas, criminalizando la resistencia pasiva, identificándola como violencia. En realidad, desde Martin Luther King hasta Gandhi, la experiencia histórica muestra que es precisamente tal resistencia pasiva la alternativa a la violencia, la cual se está deliberadamente estimulando con las medidas represivas y reducción de libertades cívicas a fin de desacreditar tales movimientos. La violencia, tanto la de los elementos descontrolados, como por parte del Estado, es profundamente reaccionaria, y sirve al propósito de mantener un sistema cuya representatividad y legitimidad se está reduciendo rápidamente.

domingo, 22 de abril de 2012

NAPOLITANAS DE CHOCOLATE - THERMOMIX -


Aquí os dejo mis Napolitanas de chocolate - Pasión por lo bueno -, ¡que fáciles y que bonitas quedan!
Anina

POLLO MARROQUÍ - THERMOMIX -



Hoy preparamos este Pollo marroquí - La Juani de Ana Sevilla -, estaba ¡muy bueno!
Anina

LA PESCA DEL SALMÓN EN YEMEN (LASSE HALLSTRÖM, 2011)

El doctor Alfred Jones, miembro del Centro Nacional para el Fomento de la Piscicultura, debe su reputación a un trabajo pionero sobre la reproducción de los moluscos. Cuando su jefe le pide que estudie la posibilidad de introducir el salmón en Yemen, rechaza la propuesta rotundamente. Lo que ignora es que detrás del proyecto está un acaudalado jeque árabe, empeñado en exportar el arte de la pesca con mosca al norte de Yemen. Sin embargo, el disparatado proyecto capta la atención de un ambicioso asesor del primer ministro, que ve en él una excelente oportunidad para mejorar el prestigio del Reino Unido en Oriente Medio y, de paso, consolidar su futuro político. Cuando el proyecto se pone en marcha, el doctor Jones se ve obligado a reconsiderar su dictamen inicial y a colaborar con la joven y atractiva representante del jeque. (FILMAFFINITY)

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 "McGregor y Blunt tienen encanto de sobra (...) En el Mar Muerto de la fórmula hollywoodiense, su película es una elegante delicia, rebosante de espíritu y sorpresas (...) Puntuación: *** (sobre 4)" (Peter Travers: Rolling Stone)
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"'Salmon Fishing in the Yemen' pide al espectador que simplemente se siente y disfrute de la placentera picaresca: la travesía está considerablemente facilitada por la mano segura de Hallstrom y su toque ligero como una pluma (...) Puntuación: **1/2 (sobre 4)" (Ann Hornaday: The Washington Post)
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"['Salmon Fishing in the Yemen'] nos devuelve a la clase de civilizada historia de amor en la cual el único obstáculo en el camino de dos personas enamoradas es su propio decoro" (Owen Gleiberman: Entertainment Weekly)
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"[La premisa] suena hilarante y podría haberlo sido, en las manos de los maestros de la comedia clásica británica. Desafortunadamente, el director es el sueco Lars ('Chocolat') que la enfoca como un cálido romance y no saca ventaja de la rica excentricidad de la historia (...) Puntuación: **1/2 (sobre 4)" (Roger Ebert: Chicago Sun-Times)
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"Hay una gran comedia romántica en este material, lo que es una pena porque la película que se ha hecho es decente pero un poco insulsa" (Michael Phillips: Chicago Tribune)
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"Tan rara como McGregor de protagonista 'geek' y casi tan confusa como el plan de su título, 'Salmon Fishing' es, con todo, disfrutable si estás preparado para moder el anzuelo. (...) Puntuación: *** (sobre 5)" (Anna Smith: Empire)
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"Cierto tono, cierto encanto. Es una película con el tono, los diálogos y la atmósfera de las buenas comedias inglesas" (Carlos Boyero: Diario El País)
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"Pescando géneros. (...) La película es regocijante al principio, con una soberbia Kristin Scott Thomas, pero quiere echar el anzuelo a varios géneros, incluido el drama romántico, y se pierde. (...) Puntuación: *** (sobre 4)" (Lluís Bonet Mojica: Diario La Vanguardia)
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"Una trama simpática (...) Para gourmets de la comedia suave. Lo mejor: las charlas entre los dos antagónicos protagonistas. Puntuación: *** (sobre 5)" (Pere Vall: Fotogramas)

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Ayer fui con Juanma al cine a ver esta película, la verdad es que me esperaba más, pero bueno, no estuvo mal del todo. A Juanma no le gustó.
Luego nos fuimos a cenar al chino, así que lo pasamos estupendamente.
Anina

viernes, 20 de abril de 2012

Concentración de las rentas, impuestos y estímulo económico (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 20 de abril de 2012

Este artículo señala que la concentración de las rentas en sectores minoritarios de la población crea un problema grave de demanda que debería resolverse con políticas fiscales que transfirieran fondos de tales sectores a la población con menos recursos, mediante la creación de empleo, estimulando la economía.

Uno de los argumentos que se reproducen con mayor insistencia en los mayores círculos financieros, económicos, mediáticos y políticos del país, es que aumentar los impuestos en momentos de recesión no es aconsejable, pues disminuye la capacidad adquisitiva de la población, y con ello disminuye la demanda, elemento esencial para estimular la economía y ahuyentarla de la recesión. Este argumento se ha utilizado por todos los gobiernos que han tenido que enfrentarse en España a la recesión.
Lo que este argumento ignora es que no todos los impuestos son iguales y no toda la población responde de la misma manera a la bajada o subida de impuestos. Y este argumento también ignora que el Estado puede gastarse el dinero, adquirido al aumentar los impuestos, en actividades que estimulen la demanda de una manera más directa de lo que pueden hacerlo algunos sectores de la población que tienen elevadas rentas y su propensión al ahorro es mayor que su consumo.
Para entender la importancia de este hecho hay que darse cuenta de que la renta en la sociedad española está muy concentrada. Aunque es siempre muy difícil conseguir información creíble sobre la distribución de la renta y riqueza en España, toda la información objetiva existente muestra que España es uno de los países más desiguales entre los países ricos (es decir, los países miembros de la OCDE). Esta concentración de la renta es un problema económico gravísimo, pues la gente rica consume mucho menos proporcionalmente que el resto de la población. Recordemos que el 64% (según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas –CIS- del mes de febrero) de la población española tiene dificultades para llegar a fin de mes. La gente rica ya tiene tanto que la mayoría de su renta no la consume, sino que la acumula e invierte y deposita en los bancos, lo cual podría ser beneficioso si tal dinero se utilizara para invertir y producir puestos de trabajo. En los últimos años, sin embargo, gran parte de estas inversiones han sido de tipo especulativo, con lo cual se crearon menos buenos puestos de trabajo de lo que el país necesitaba.
El hecho, pues, de que un sector minoritario que goza de grandes rentas no consume mucho, y que la gran mayoría no puede consumir más por carecer de dinero, crea un gran déficit de demanda, que es una de las causas de la Gran Recesión. Lo que el Estado tiene que hacer es transferir fondos de los sectores de la población que no consumen mucho (en términos proporcionales), elevando sus impuestos, para transferir los fondos a los sectores de la población que tienen problemas para poder consumir y mantener su nivel de vida. Una manera de hacerlo es creando puestos de trabajo en los sectores donde hay un enorme déficit de personal, tales como los servicios públicos del Estado del Bienestar. Y ahí radica parte de la necesaria solución. El Estado tiene que gravar las rentas superiores y con el dinero obtenido tiene que crear empleo que estimule la demanda y con ello se estimule la economía. Esto es lo que hizo el presidente Roosevelt en EEUU para salir de la Gran Depresión, y esto es lo que hicieron la mayoría de los gobiernos europeos inmediatamente después de la II Guerra Mundial.
En España, la carga impositiva continúa siendo muy regresiva, a pesar de los cambios realizados por el Gobierno Rajoy que, según la sabiduría convencional, ha subido los impuestos al nivel de Suecia. Como he indicado en otro artículo (“¿Tributamos como los suecos?”, ‘Público’, 02.02.12), esta argumentación ignora el enorme impacto regresivo de las deducciones fiscales que reducen espectacularmente la carga fiscal real. El 10% de la población más rica del país, que tiene casi el 50% de la renta del país, paga mucho menos al Estado de lo que nominalmente debería debido a tales deducciones (sin considerar también el enorme fraude fiscal que se centra en el 1% de la población más rica del país). No es cierto (repito, no es cierto) que la fiscalidad de España sea como la de Suecia, tal como están indicando los medios. En realidad, si España pagara en impuestos el mismo porcentaje del PIB que Suecia, España ingresaría 200.000 millones de euros más, con lo cual habría dinero más que suficiente para reducir el déficit público y crear cinco millones de puestos de trabajo en los servicios públicos del Estado del Bienestar, alcanzando el porcentaje de adultos que trabajan en tales servicios (como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, entre otros) que hoy tiene Suecia: uno de cada cuatro. En España es uno de cada diez, el porcentaje más bajo de la UE-15.
Una última observación. Las políticas que está proponiendo el Gobierno Rajoy para España harán un enorme daño a la economía española, y muy en particular a las clases populares. La evidencia científica de que ello es así es abrumadora. La fe ciega que el banquero Luis de Guindos, hoy Ministro de Economía de España, tiene en el dogma neoliberal, está llevando el país al desastre, pues está reduciendo todavía más la demanda. La ilusión de que esta austeridad recuperará la confianza de los mercados no se basa en una evidencia creíble (ver mi artículo “¿Quién define la confianza de los mercados?”, ‘Público Digital’. 05.04.12). Es el triunfo del dogma sobre la mera evidencia científica abundantemente existente. El fundamentalismo religioso que hizo un enorme daño a las clases populares a lo largo de la historia de España ha sido sustituido por un fundamentalismo económico neoliberal con efectos igualmente negativos. Su promoción se debe a que favorece a las rentas superiores así como a las rentas del capital y a sus instrumentos financieros.

MACACO (EL MURMULLO DEL FUEGO)


¡Este es uno de mis regalitos de cumple! ¡me encanta! 
Gracias Juanma!!! eres un sol!!
Anina

TARTA HELADA DE WHISKY - THERMOMIX -



Para celebrar el cumple de Juanma y el mío, hemos preparado esta Tarta helada de whisky - La Juani de Ana Sevilla -
Hemos estrenado mi nuevo juguetito para decorar las tartas ¡es estupendo! ¡gracias Juanma por regalarmelo! ¡muaaaaaaaaack!
Anina

MI 31 CUMPLEAÑOS!!


Pues ya van 31 añitos!! madre mía, como pasan de rápido! 
A disfrutar :-)
Besines
Anina

jueves, 19 de abril de 2012

Las cuentas claras y allá ustedes (JUAN TORRES LÓPEZ)

El Gobierno español se propone realizar un ajuste presupuestario de 27.300 millones de euros en 2012 para reducir el déficit público y muchas personas se preguntan continuamente si eso es estrictamente necesario. Si, como dice el gobierno y la Unión Europa, eso es lo único que se puede hacer o si, en lugar de seguir ese camino y sufrir sus consecuencias tan lesivas para el bienestar, hay otras alternativas.
La respuesta es muy clara si se sabe que en ese mismo Presupuesto se contempla pagar una cifra aún más alta, exactamente 28.848 millones de euros, en concepto de intereses a los financiadores privados de la deuda.
Si en la Unión Europea hubiese un auténtico banco central, éste hubiera financiado al 0% al estado español (aunque no hubiera sido a cambio de nada sino imponiendo cualquier condición que se hubiera estimado conveniente para evitar esa deuda en el futuro), de modo que no habría que pagar esos intereses ni, por tanto, realizar el recorte de gasto.
Fíjense, entonces, la gran mentira que cuentan a la gente: le dicen que hay que recortar gastos sociales porque vivimos por encima de nuestra posibilidades, porque no hay recursos… y resulta que se recortan porque hay que pagar los intereses que cobran los bancos privados por llevar a cabo una financiación que podría realizar mucho más livianamente el Banco Central Europeo.
Se preguntarán entonces que por qué no hace eso el Banco Central Europeo y la respuesta es igualmente fácil. En los Tratados europeos y en sus estatutos se estableció que le está prohibido que financie a los gobiernos, con el único propósito de facilitar así el negocio de los bancos privados. A estos les da todo el dinero que le piden al 1% y con esa liquidez compran la deuda de los estados al 6%, al 7%, al 10% o a mucho más como ha ocurrido con Grecia en algún momento. Negocio redondo. Y, además, doble negocio redondo porque al recortar gastos públicos en educación, sanidad, pensiones, atención a la dependencia, etc. los servicios se deterioran y se fomenta su provisión mediante negocios privados. Beneficios para los de arriba, menos ingresos y peores condiciones de vida para los de abajo.
Así que la próxima vez vuelvan a votar a quienes defienden eso y a favor de los tratados europeos que lo imponen y no se les vaya a ocurrir ir a las manifestaciones o sumarse a las protestas y a la indignación que algunos tenemos por todo eso. Allá ustedes.

La causa real de la crisis financiera (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 19 de abril de 2012

Este artículo señala como la alianza entre la banca alemana y la banca española fue determinante para la producción del comportamiento especulativo de esta última, siendo ello una de las causas más importantes de la crisis financiera en Europa.

La gran debilidad del argumento neoliberal, que asume que el mayor problema de la economía española es el déficit y la deuda pública del Estado español, es que los datos, fácilmente accesibles, muestran su insostenibilidad. Cuando la crisis empezó en España, el Estado español no tenía déficit. Antes al contrario, tenía un superávit, mayor, por cierto, que el que tenía el Estado alemán. En 2007, el superávit del Estado español era equivalente a 1,9% del PIB, más de seis veces superior al alemán, 0,3% del PIB. Y un tanto parecido ocurría con la deuda pública, que representaba en España un 27% del PIB, casi la mitad de la deuda pública alemana, 50% del PIB. En realidad, España era un “modelo” y punto de referencia del pensamiento neoliberal mostrado por los economistas neoliberales como ejemplo de “ortodoxia” económica.
Tener un superávit muy superior y una deuda pública muy inferior a la de Alemania no nos sirvió de nada. No nos protegió de la crisis. ¿Cómo puede, entonces, decirse ahora que la mayor causa de la crisis es el elevado déficit y la deuda excesiva, cuando tener déficit cero y deuda pública baja no evitó que tuviéramos la crisis que tenemos, con más de un 23% de la fuerza laboral en paro? ¿Y por qué esta explicación de la crisis continúa dándose cuando la evidencia existente, mostrando su error, es tan abrumadora?
Y para responder a esta pregunta hay que fijarse en cuáles son las voces más estridentes en defensa de tal explicación de la crisis. Y entre tales voces aquellos que tienen un lugar prominente son el Banco Central Europeo y la banca alemana, y el Banco de España y la banca española, que son en realidad los que crearon precisamente la crisis. En realidad, la banca alemana jugó un papel clave en la génesis de la crisis y en su desarrollo. Según The Bank for International Settlements (BIS) (Junio 2010), la banca alemana prestó 109.000 millones de euros a la banca española, con los cuales ésta, en alianza con el sector inmobiliario, invirtió masivamente, no en la economía productiva del país, sino en la economía más especulativa posible, creando la burbuja inmobiliaria que, al explotar, provocó la enorme crisis y el enorme problema de la deuda privada de España, que alcanzó dimensiones astronómicas (227% del PIB). La banca alemana consiguió enormes beneficios, beneficios que, por cierto, no invirtió en Alemania para estimular la demanda doméstica alemana, incrementando los salarios y la protección social de Alemania (tal como Oskar Lafontaine, entonces Ministro de Economía y Hacienda del gobierno alemán, y uno de los economistas más clarividentes hoy en Europa, quería que se hiciera y que, al no hacerse, rompió con el canciller Schröder, el presidente socialdemócrata alemán responsable, junto con la canciller Merkel, de las políticas de austeridad a nivel alemán y europeo, políticas promovidas por la banca alemana). En lugar de estimular la demanda alemana (y europea), los grandes beneficios que Alemania consiguió de su actividad especulativa en España (y en otros países periféricos de la Eurozona, como Grecia y Portugal), los utilizó para acumular más y más euros, convirtiéndose en la mayor fuente de euros en Europa. El euro le ha ido pero que muy bien a la banca alemana.
Ahora bien, cuando la burbuja especulativa inmobiliaria explotó, a la banca alemana le entró el pánico, pues tenía gran parte de su capital prestado a la banca española y, en mucho menor grado, al Estado español (un 10% de su inversión bancaria). Y comenzó a promover la idea falsa de que el euro estaba en peligro. Lo que estaba en peligro, sin embargo, es que la banca alemana perdiera los fondos prestados a España y a otros países periféricos de la Eurozona. En realidad, el euro nunca estuvo en peligro. Su valor osciló, pero no bajó sustancialmente de valor comparado con el dólar.
Y de ahí derivan las políticas de austeridad, cuyo único objetivo es que se pague a los bancos alemanes (y franceses) la deuda tanto privada como pública que tienen. La mal llamada ayuda de la Unión Europea y del FMI a los países periféricos es ayuda para que paguen a los bancos alemanes y franceses primordialmente.
Pero estas políticas de austeridad con la bajada de salarios, disminución de la protección  social y recortes del gasto público están creando un problema gravísimo que se llama Gran Recesión, causada por el enorme descenso de la demanda doméstica y por la escasez de crédito, y que es la causa de la disminución de la actividad económica y con ello del descenso de los ingresos al Estado (y consiguiente aumento del déficit y de la deuda pública). Y ahí está el problema oculto y que algunos hemos estado denunciando desde el principio (ver el libro Hay alternativas, de Navarro V., Torres J. y Garzón A. enwww.vnavarro.org). La evidencia científica que apoya este diagnóstico es abrumadora. Las políticas que está imponiendo la banca alemana y francesa (y española) y sus portavoces políticos, incluyendo Merkel-Sarkozy y Rajoy son un suicidio económico.
Cabe entonces hacerse la pregunta de ¿por qué continúan promoviéndola? Una respuesta es que los dogmas económicos son tan irracionales como los dogmas religiosos. El pensamiento neoliberal es un dogma impermeable a los datos y hechos. Pero el que continúe reproduciéndose se debe a que sirve a unos intereses, los intereses de la banca, con la complicidad de los políticos afines (el Ministro de Economía del Estado español, el Presidente del BCE, así como gran numero de personas responsables de llevar a cabo y estimular las políticas de austeridad son banqueros o próximos a la banca), que asumen que los intereses particulares de la banca coinciden con los intereses generales del país, lo cual no es así, como bien documentan los estudios rigurosos que muestran que las causas de la crisis son el comportamiento negativo del BCE y del Banco de España, y de los bancos que en teoría supervisan, pero que en la práctica se benefician a costa del interés general.
En realidad, las soluciones son fáciles de ver. Y consisten en seguir políticas de estímulo económico, con un intervencionismo público que estimule la economía a base de crear empleo, junto con el establecimiento de bancas públicas y una regulación del sector bancario, forzándole a que recupere su función social, la oferta de crédito. Pero, el que no ocurra se debe a la enorme influencia de la banca y otros componentes del capital financiero en las instituciones políticas y mediáticas de España y de Europa. Así de claro.

PASTELITOS DE PATATA - THERMOMIX -





Tenía ganas de hacer esta receta, porque es el "Juanireto", muchos os preguntareis que es eso, bueno, pues es un reto que han planteado en el grupo de facebook "Juaneando con Ana Sevilla", para participar hay que hacer esta receta Pastelitos de patata - La Juani de Ana Sevilla -
Todavía estáis a tiempo de participar hasta el 23 de abril, jijiji! 
Por cierto, ¡están muy ricos!
Anina